(La noticia en estos días de un supuesto envío de armas a Bolivia llegó a Argentina condimentada por la grieta. Las distintas versiones incitaron odio, indignación y certeza ciega, los olores que emiten la “Fake News”. Por eso, aquí iremos despacito. Si al terminar esta nota, has tenido una mezcla encontrada de reacciones, que no caben dentro de un molde prestablecido, y que te hagan razonar, es posible que nos hayamos acercado a la realidad.)

Las idas y vueltas sobre una supuesta entrega de armas y municiones por parte de la administración argentina de Mauricio Macri a Bolivia en el momento del cambio traumático del gobierno en ese país, en 2019, se enmarcan en una disputa más profundo para definir la naturaleza de ese cambio.

Las posiciones son:

A) Hubo un golpe de estado contra el presidente Evo Morales que fue obligado por los militares a renunciar en noviembre del 2019, y reemplazado por una dictadura.

B) Morales renunció luego de tres semanas de protestas sociales contra su intento inconstitucional de obtener un cuarto mandato en elecciones plagadas de irregularidades graves.

¿Es posible que las dos opciones sean “Fake News”?

Si hacemos una simple encuesta entre las opiniones vertidas en las redes sociales por gente honesta, nos encontramos que algunos creen que la única respuesta posible es la A y se indignan si a otro se le ocurre pensar que es más creíble la posición B. Obviamente, esto ocurre en sentido inverso y en proporción casi idéntica.

Como signo de los tiempos, esta encuesta informal arroja el mismo resultado y reviste similitudes con la disyuntiva que debate el público de EE.UU. sobre si lo ocurrido en el Capitolio el 6 de enero pasado fue un paseo turístico por patriotas o un intento de interrumpir el orden constitucional por parte de sediciosos violentos. Cada uno tiene a mano su respuesta.

Por supuesto, ambos temas y cualquier otro que divide a las sociedades, son mucho más complejos. Tienen otras opciones. En el caso boliviano, el eje central está en esta pregunta: ¿Quién buscó apropiarse del poder en Bolivia, de forma ilegal, en octubre/noviembre de 2019?

Y frente a las circunstancias actuales, la respuesta es importante ya que, una cosa es dar apoyo a una dictadura para que reprima al pueblo, otra cosa es dar apoyo a un gobierno legitimo para que aseguré la paz y el orden constitucional. Eso, si se compruebe que efectivamente hubo algún apoyo del entonces gobierno argentino al nuevo ejecutivo boliviano.

Si el apoyo no existió, la denuncia intempestiva sería nada más que un relato con el fin de indignar y fortalecer los lazos preexistentes de alineamiento del propio bando. Y hay que tener en cuenta que el denunciante es quien comienza la polémica, mueve la primera pieza.

Por algún motivo, el presidente Alberto Fernández, en sintonía política con el nuevo gobierno boliviano de Luis Arce, del mismo partido MAS de Evo Morales, buscó reforzar su visión de que su antecesor apoyó un golpe de Estado, haciendo una nueva denuncia, afirmando que Macri envió pertrechos militares para ayudar a los sediciosos. Fernández dio por cierta la denuncia realizada desde La Paz y envió una carta oficial expresando su “vergüenza” por lo supuestamente ocurrido. Macri respondió que todo era una mentira.

El hecho de que la denuncia, por ahora, esté bastante “floja de papeles”, no impidió que haya llegado a los tribunales y que entrara en la liturgia militante del Kirchnerismo, como nueva prueba de que hubo un golpe militar contra Morales, y que esto fue parte de un reflotamiento por la derecha sudamericana del Plan Condor de los años 70.

A pesar una gran cantidad de contradicciones e indicios de que podría ser una operación política, la denuncia logró instalarse en la agenda pública ya agobiada por la Pandemia, la crisis económica y la incipiente campaña electoral. Tomó vuelo sin contexto ni cuestionamientos gracias a un periodismo permeable a los relatos.

Para llegar a evidencias comprobables de los acontecimientos habría que tener en cuenta los documentos existentes.

 La Organización de Estados Americanos (OEA), que fue invitada como observadora a las elecciones, decidió luego de una investigación exhaustiva, que no podía convalidar los resultados del voto, que daban como ganador a Morales. Los auditores de la OEA produjeron un informe de 96 páginas de análisis y con más de 500 páginas de anexos. Afirmaron que había “manipulación intencional” e “irregularidades serias” en el conteo del voto para asegurar la victoria del oficialismo. “El golpe de Estado es una forma ilegítima de acceder al poder o de ejercerlo”, definió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una sesión especial sobre el caso boliviano. “En ese contexto, sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del ex presidente Evo Morales”.

Por otro lado, el Grupo de Puebla, del cual Fernández es miembro, sostiene que hubo un clásico golpe de estado contra Morales ya que, tras casi tres semanas de protestas en todo el país en contra del supuesto fraude, el comandante del Ejército sugirió a Morales que sería mejor que renunciara para pacificar al país. Citaron estudios hechos por expertos en el análisis de los resultados de elecciones de la Universidad de Pennsylvania, y el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Estos encontraron que no había información estadística que permitiera sacar la conclusión de que hubo fraude en las elecciones. “Las acciones cometidas por la OEA en el caso boliviano, son absolutamente repudiables, puesto que, si se comprueba la discrecionalidad de estas, permitiría a la comunidad internacional presumir que el organismo multilateral fue cómplice del derrocamiento de un gobierno democrático,” señalo un comunicado del Grupo Puebla.

A lo que la OEA, en boca del jefe de gabinete del Secretario General, Gonzalo Koneke, respondió en una carta, que los investigadores mencionados solamente habían revisado cuestiones de estadísticas. “Servidores ocultos, falta de cadena de custodia, hojas de cálculos falsificadas, e inconsistencias inexplicables en el número de votos emitidos, solamente para nombrar algunas de las conclusiones, no deberían ser ignorados por parte de cualquier especialista en integridad electoral,” escribió Koneke.

Dentro de la violenta convulsión social que rodeó el resultado de los comicios presidenciales de 2019, surgen muchas otras cuestiones sobre desbordes y violencia, tanto relacionados con los partidarios de Morales como los de la oposición y el gobierno interino. Están siendo investigados por un grupo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el próximo mes debería entregar un informe sobre los disturbios entre el 1 de septiembre y fin del año del 2019.

¿Será la cercanía de este informe motivo de la denuncia actual?

Después de la renuncia de Morales, Jeanine Áñez, segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, fue la persona más cercana en la cadena constitucional que aceptó asumir el cargo de presidente interino, después de que fuera rechazado por las otras autoridades.

Falta algo de historia para entender porque fue tan caldeado la situación en 2019. Morales asumió como presidente por la primera vez en enero de 2006 y gobernó sin interrupciones hasta el 10 de noviembre de 2019. Fue el primer presidente de origen indígena del país. En 2009 promovió una reforma constitucional que estableció que los presidentes “pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”. Aunque hubo discrepancias políticas sobre si el primer mandato de Morales debería contar dentro del nuevo esquema, el gobierno impuso el criterio de que el articulo constitucional aplicaba solamente a los mandatos posteriores a la aprobación de la nueva Constitución.

Luego de lograr la reelección, en 2014, Morales impulsó un referéndum con el objetivo de obtener aprobación para buscar un nuevo mandato en 2019. Esto le hubiera permitido gobernar hasta 2025. Perdió, y a pesar de que dijo que respetaría el resultado, busco otra manera de sortear el impedimento. En 2018, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dictaminó que sería una violación de los derechos humanos y políticos prohibirle a Morales la posibilidad de postularse para una nueva reelección y lo habilitó para ser candidato.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renuncio a su cargo después de 21 días de protestas masivas en todo el país, el amontonamiento de la policía y de recibir por parte del comandante en jefe de las Fuerza Armadas, el general Williams Kaliman, la sugerencia de que debía renunciar para preservar la paz en el país. “Después de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, fue el mensaje que transmitió el general. Sin embargo, la Fuerzas Armadas no movilizaron tanques ni tropas, y no ocuparon medios de prensa, como es “tradicional” en los golpes clásicos de América Latina. Inmediatamente después de que Morales anunció su renuncia, los comandantes de las fuerzas también presentaron las suyas y fueron reemplazados en sus cargos. Esto fue lejos del comportamiento que tuvieron la Junta Militar de Argentina, o el General Augusto Pinochet en Chile, en los clásico golpes militares de los años 70..

Hasta aquí, los hechos comprobables. No siempre coincidentes con las versiones expuesta por una parte de la prensa Argentina sobre la situación en Bolivia que exacerbaron las dudas que cualquier ser racional pudiera tener.

Sobre el comienzo del Día de la Independencia argentina, el canciller boliviano Rogelio Mayta, anunció que tenía evidencias de que el gobierno de Macri había enviado materiales bélicos para ser utilizados para reprimir a los partidarios de Morales y consolidar el gobierno que lo reemplazó. La lista de los materiales supuestamente enviados –todos de naturaleza anti-tumulto- estaba incluida en una carta de agradecimiento enviado al embajador argentino en La Paz el 13 de noviembre, 2019, por parte del comandante la Fuerza Aérea boliviana.

La legitimidad de esa carta, que desató este nuevo episodio de la saga boliviana, está en duda. El supuesto autor, que está preso por su supuesto rol en “el golpe”, ha dicho que la carta es falsa así como su firma. Surgen muchas dudas a partir del contenido de la carta. ¿Por qué se habla de “material bélico” cuando se trataba de balas de goma y gases lacrimógenos? ¿Por qué serían enviados estos materiales a la Fuerza Aérea y no a la policía? ¿Serían utilizados desde aviones para controlar manifestaciones? ¿Por qué el comandante de la Fuerza Aérea enviaría una carta de ese tenor cuando ya había renunciado?

Luego de recibir la denuncia de Bolivia, las actuales autoridades argentinas, informaron sobre un supuesto contrabando de municiones y armas a Bolivia, que en algo coincidía con la denuncia boliviana. Patricia Bullrich, presidente del partido PRO de Macri, respondió que la salida de las municiones y armas fue registrada oportunamente, y por eso no era contrabando. Las armas y municiones eran pertrechos de una misión de 11 miembros de la Gendarmería Nacional que viajó para reforzar la seguridad en la embajada argentina en La Paz, que en ese momento también albergaba a algunos ex funcionarios del gobierno de Morales. Incluso, un medio argentino llegó a titular que se habían enviado “armas semi-letales”. Un absurdo.

La misión de la Gendarmería argentina permaneció en Bolivia durante siete meses, seis de los cuales fueron durante el mandato del nuevo gobierno argentino de Fernández. Bullrich dice que, a su vuelta, la Gendarmería informó que había gastado los 70.000 cartuchos anti-tumulto en sesiones de entrenamiento con fuerzas bolivianas. Era por lejos la partida más importante de municiones. Como sea, las cantidades y la naturaleza de armas y municiones informadas hasta ahora, no parecen ser tan significativas como para tener una incidencia de peso en la situación política interna de Bolivia, y hasta ahora no hay ningún informe que confirme la utilización de los mismos en hechos de represión.

Jorge G. Castañeda, ex canciller de México, ya en noviembre de 2019, había sugerido que había un parámetro importante que en el futuro sería decisivo para ayudar a todos a definir si lo que había ocurrido en Bolivia, con la renuncia de Morales, era un golpe o no. “Si el nuevo gobierno boliviano adhiere al cronograma previsto por la constitución y programa elecciones en el lapso de 90 días, esto pondrá fin a la discusión sobre golpes y no golpes”, afirmó en una nota para el Project Syndicate. “Si el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo, proclama a otro candidato que no sea Morales, le asignará una plena legitimidad al proceso”.

Las nuevas elecciones no llegaron en 90 días, pero si en algo menos de un año, postergadas entre otras cosas por la pandemia de Covid-19. En este momento una cosa está claro. Como resultado de esas elecciones organizadas por los supuestos golpistas en octubre de 2020, a menos de un año de la renuncia de Morales, Arce, otro de los líderes del Movimiento al Socialismo (MAS), es presidente. Áñez y otros ex funcionarios del gobierno interino, están presos, y el nuevo gobierno concedió una amnistía o indulto a militantes de su partido y del entorno de Morales.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que las medidas contra Áñez y los otros funcionarios “parecen continuar con un patrón de uso parcial de la justicia que contribuye a perpetuar la impunidad para las violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional ha venido denunciando durante décadas esta crisis de impunidad en Bolivia, que solo podrá revertirse con una justicia auténticamente independiente e imparcial”.

Es poco probable que las instituciones, a veces ineficientes, pero siempre discutidas de los dos países y de la región, nos den respuestas oportunas. Por eso, la conclusión sobre lo sucedido queda en la interpretación de cada uno de los que podríamos estar interesados en la problemática interna de Bolivia, y la relación de Argentina con su vecino andino.