Gildo, El Supremo
"El que está arriba manda", decía Stroessner e Insfrán lo tomó como su mantra. Es la persona que lleva más años en el poder desde el retorno de la Democracia. Esta es la historia de cómo llegó y se perpetuó.
Daniel Capalbo
30 de enero de 2021

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Un concepto acuñado por Mao y que perdura hasta hoy. Una historia de 100 años que comenzó con una reunión clandestina de 53 personas en una casa de Shanghai y que va hasta los casi 95 millones de miembros que tiene hoy el PCCh.

Como todos los años, y gracias a la eficaz distribución puerta a puerta de punteros y militantes rentados con empleos públicos, Gildo ordenó bombardear la ciudad y los principales pueblos del interior de Formosa con un presente navideño.

Entre el 21 y el 23 de diciembre pasado, “cada casa” recibió una pequeña bolsita de polietileno con un pan dulce y una sidra para que a nadie le falten en la Nochebuena. “Que el nacimiento de Jesús renueve las esperanzas, nos dé fuerzas para seguir adelante ante las adversidades (…), nos ayude a superar los tiempos difíciles y los momentos de incertidumbre”.

La esquela que traía la bolsa llevaba la firma del Insfrán, el hombre que puede acreditar más años de ejercicio de poder que cualquiera de sus pares desde la restauración democrática en 1983.

El veterinario Gildo Dino Insfrán, ex maoísta (en su juventud universitaria, claro) pero de clara carrera peronista, sumaba ya 8 años como vicegobernador cuando modificó la Constitución y se hizo reelegir para siempre. Ahora flamea con orgullo los 25 años continuos trascurridos como máximo jefe del Estado provincial. Un verdadero récord bananero, apenas superado por la nada despreciable marca del paraguayo Adolfo Stroessner, quien al frente de una dictadura gobernó con mano dura su país durante 35 años, entre 1954 y su caída en 1989. Lo hizo tomando prestada la base de operaciones del Partido Colorado, lo más parecido al justicialismo en el continente. El mismo Juan Domingo Perón se jactaba de eso, tanto como de la cercanía con El Supremo: mi amigo Stroessner, decía. Stroessner tenía una máxima, muy afín al estilo patriarcal de su país: sostenía que “quien está arriba, manda”. Gildo convirtió esa frase en un mantra.

Perón y Stroessner, una amistad de décadas.

En esta edición del operativo navideño se puso especial énfasis en la prolijidad del asunto, todos-todos debían recibir su bolsita, entre otras cosas porque el horno no estaba para bollos. Ocurre que Formosa, la provincia con unos de los más alto niveles de pobreza, de indigencia y de mortalidad infantil de la Argentina, con altísimo grado de analfabetismo, había alcanzado durante el primer tramo de la pandemia un récord político y a la vez sanitario: el hecho de no haber presentado por un buen tiempo contagios de coronavirus. Incluso cuando el covid 19 se instaló, Gildo pudo ostentar, no obstante, los menores índices de mortalidad.

Para el régimen, era un capital precioso y la garantía de que su escuálido sistema sanitario quedaría lejos de sufrir el stress por insuficiencia. Lo que pondría en evidencia las limitaciones de un modo de conducir autoritario y racista, que vive del clientelismo y no del desarrollo. Gildo, claro, tuvo la ventaja de ser un régimen aliado desde el minuto cero al kirchnerismo.

El operativo navideño tenía que funcionar esta vez como anestesia del mal humor social creciente, cuestionador de una cuarentena salvaje, atravesada por denuncias que hablaban de violencia institucional y violaciones a los derechos humanos. Sólo a fuerza de métodos salvajes, como encerrar por completo dentro de las fronteras de la provincia a sus propios ciudadanos y mantener a miles de comprovincianos varados fuera de ella durante meses sin poder ingresar a sus casas, sólo así el gobierno de Insfrán pudo mostrar resultados, evitando la circulación, confinando a la gente en el centro de aislamiento que construyó en el estadio del Cincuentenario.

Como Perón con Stroessner al subrayar su amistad, el presidente Alberto Fernández, empeñado en celebrar los tiros de esquina a falta de goles, y dado a la sobreactuación fácil, partió al auxilio temprano del gobernador cuando visitó la provincia a fines de mayo de 2020. “Gildo es uno de los mejores políticos y seres humanos. Él no sabe lo que lo valoro, lo que lo respeto y lo quiero”, dijo el presidente Fernández en la capital formoseña frente a la mirada pétrea del Gobernador.

¿Cómo logró Insfrán convertirse en uno de los “mejores políticos y seres humanos”?

En 1983 Bloro Eleuterio Bogado estrenó el período como primer gobernador formoseño de la democracia; se trataba de un peronista biológico que, sin embargo, llegó a ser famoso por sus “escasas ansias de poder”.

A Bogado lo sucedió Vicente Bienvenido Joga, que llevó a Insfrán en la fórmula como vice para la Gobernación. La idea era que el próximo gobernador fuera, como sucedió, Insfrán, y que a partir de ahí se consagrara una alternancia que les permitiera seguir gobernando la provincia a uno tras otro. Pero Insfrán tenía otro plan. Gildo llegó al poder de la mano de una ley de lemas (mecanismo electoral) que tenía y tiene una enorme particularidad: pueden competir por un lema (lista) la cantidad de candidatos que guste presentar un sector del partido político que se proponga, pero al final, todos suman sus votos a quien más sufragios haya obtenido en ese parcial. De ese modo se explican los altos índices obtenidos por Insfrán en las elecciones de 2003 (67, 1 %), las de 2007 (75 %), las de 2011 (donde triunfó por quinta vez consecutiva en los comicios generales con el 76%). En 2015 y 2019 triunfó también con valores superiores al 70 %.

Gildo eterno, el funcionario con más años en el poder desde que se recuperó la Democracia.

Esta máquina electoral le permitió al gildoperonismo sumar 24 de 30 legisladores, el total de los diputados nacionales y dos de tres senadores nacionales. El de más alto perfil de ellos, mano derecha de la vicepresidente Cristina Fernández en el Senado de la Nación, el preverbal José Mayans, acaba de sostener la teoría de que “en pandemia no hay derechos”. Como si hablara de un estado de sitio. Insfrán, además, controla todos los municipios excepto tres, encabezados por radicales afines a su gobierno que en estos días salieron en su defensa.

Cuando tuvo que cumplir la promesa a Joga para hacer efectiva la alternancia, Insfrán convocó a una reforma constitucional que lo habilitó para ejercer el cargo en forma inmediata e indefinida. Una súper reelección. Joga lo acusó de traición, aunque sea aquella la condición indispensable para un político que se precie de pertenecer al mundo de Peronia.

Mientras transcurrían dimes y diretes, un juez federal del Tribunal Superior de Justicia, que respondía a Joga, comenzó a dar vueltas y a demorar el fallo que permitiría a Insfrán volver a ser candidato reinterpretando la constitución. Increíblemente, ese juez del tribunal superior fue arrestado por orden de un juez provincial acusándolo de obstruir la justicia, y marchó preso. Finalmente, la Corte Suprema de la Nación de Carlos Menem falló a favor del reclamo de Gildo. Fue así cómo logró perpetuarse en el poder.

Demás está decir que Insfrán fue menemista, a pesar de haberse pronunciado en la interna presidencial por Antonio Cafiero; luego fue duhaldista y hasta acompañó, antes de la consagración de Eduardo Duhalde como presidente, al efímero primer mandatario Adolfo Rodríguez Saa, jefe de Estado de la Argentina por una semana. Hay que decir, también, que en la Argentina post-Duhalde, Gildo apostó tempranamente a Néstor Kirchner como presidente, quien en Formosa obtuvo más del 40 por ciento de los votos contra la fórmula encabezada por Menen en 2003. Kirchner obtuvo el 22 por ciento de los votos a nivel nacional en aquella elección en la que debía ir a un ballotage contra Menem. Menem se bajó ante la evidente realidad de que perdería contra el caudillo de Santa Cruz quien, hay que decirlo, nunca olvidó la mano que le había dado Insfrán en ese momento clave. Apenas asumió, Néstor Kirchner le devolvió el favor al firmar el Pacto de Reparación Histórica con Formosa. Ese acuerdo fue el mecanismo inicial que derivó en el gigantesco flujo de recursos que recibe la provincia desde entonces. Tanto que el 80 por ciento de sus ingresos provienen del Tesoro Nacional vía coparticipación federal.

Con la llegada del kirchnerismo, la provincia multiplicó la obra pública y las pensiones. Incluso llegó a reestructurar la deuda pública que arrastraba con la Nación. Para ello, Insfrán contrató los servicios de consultoría de la neonata The Old Fund, a cargo formalmente de un abogado llamado Alejandro Paul Vandenbroele quien, con el tiempo, admitiría que no era sino el prestanombre del actual “preso político” Amado Boudou, a la sazón ministro de Economía de Cristina. Insfrán pagó 7,7 millones de pesos, algo así como dos millones de dólares del momento, a la empresa de Boudou, pensando seguramente que con el favor profundizaría los ya inocultables lazos de amistad con la primera liga gobernante. Y no fue el único caso: Lázaro Baez, por entonces socio comercial de Cristina, y también el empresario k Cristóbal López, fueron beneficiarios de concesiones de rutas que cobraron y jamás terminaron. Al menos en los términos originalmente contratados.

Semejante masa de recursos aspiradas por la coparticipación federal le ha permitido a Insfrán entre otras cosas mantener al 70 por ciento de la población comiendo de su mano, y convertir a esa masa de empleados y contratistas en rehenes del sistema cuando llega cada turno electoral. A pesar de eso, todavía hoy la mitad de la población recibe algún plan del Estado nacional para sobrevivir.

Dura represión a cualquier disidencia en Formosa.

Incluso por el beneficio de haber sido una provincia privilegiada con el Pacto de Reparación Histórica, y de considerarse Insfrán uno de los fundadores del kirchnerismo – hay que recordar que fue el primero en apoyar la candidatura de Néstor en 2002- las obras esenciales de infraestructura quedaron para tiempos mejores. Un ejemplo de eso es la falta de un sistema de radarización de vuelos, imprescindible teniendo una frontera tan permeable al narcotráfico como la que comparte con el vecino Paraguay. Ha de ser un emprendimiento difícil porque no se pudo lograr en 37 años de gobiernos peronistas.

Según una fuente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en la Argentina existen al menos 1500 pistas clandestinas de aterrizaje, en general un indicador de narcotráfico. En Formosa fueron relevadas unas 40, la mayoría de ellas dentro de latifundios y estancias en manos de productores rurales dedicados hoy al cultivo de soja. Algunos de esos millonarios acomodados pasaron también por la administración provincial o aún pertenecen a ella.

Paraguay es el principal productor de marihuana de América y el segundo en el mundo. La frontera de Formosa con Paraguay se extiende a lo largo de 700 kilómetros, una parte es frontera seca pero otra, la más grande, se extiende por el río Pilcomayo. Los hombres de Gendarmería se atajan: “Hacemos lo que podemos”, dicen, y es cierto. Hay sólo dos radares que controlan el los cielos del noreste del país: uno está en Posadas, Misiones, y el otro en Reconquista, Chaco. Ninguno de los dos tiene alcance suficiente para controlar los vuelos clandestinos de Formosa: su potencia es de 400 kilómetros. Tampoco detectan a los pilotos avezados que vuelan bajo el registro del radar con sus avionetas Cessna cargando hasta 600 kilos de lo que sea: marihuana, cocaína, precursores, cigarrillos o Iphones truchos de última generación pero replicados en Asunción.

Cualquiera podría llegar a la siguiente conclusión: no hay semejantes facilidades para la expansión del narco si no hay cobertura política. Hasta ahora Insfrán se mantuvo limpio y nadie puede culparlo de nada en relación a este punto, aunque algunos casos pegan en el travesaño y son de sospecha fácil.

“Hemos visto a la policía cortar la circulación de vehículos en la ruta cercana a nuestra comunidad, La Primavera, dejar un espacio libre de unos kilómetros y luego bajar una avioneta aterrizando en esa ruta antes de despegar otra vez, luego de descargar unas bolsas”, relató hace unos años públicamente el dirigente qom Félix Díaz, referente de la comunidad indígena más castigada por el insfranato.

Lo que sugiere Félix Díaz es que hay connivencia con las fuerzas de seguridad locales. Y cierta aquiescencia del poder político.

Hubo algunos casos resonantes, como el de Hugo Palma, un concejal del Frente para la Victoria, de Estanislao del Campo, considerado hombre del riñón del gildismo, quien fue descubierto con una pista de aterrizaje en su propiedad y postes a lo largo de ella pintados con látex fosforescente (para marcar la pista de noche). Tras un procedimiento, le se secuestraron 701 kilos de cocaína en la estancia. Palma, alias Palmita, está en libertad.

Formosa es una de las provincias más pobres y con más chicos desnutridos de Argentina.

Una diputada del Frente para la Victoria, Jésica Soledad Milatich, por sospechas varias fue allanada y en su domicilio la policía desarmó un centro de venta y distribución de drogas al menudeo. No debe haber sido un mal antecedente en su foja de servicios porque al poco tiempo juró ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia y pasó a integrar el Consejo de la Magistratura de Formosa.

Ramón Barreiro, asesor del gobierno provincial, trasladaba 51 kilos de cocaína en una camioneta oficial pero tuvo la desgracia de volcar en la ruta 51. La policía fue al rescate pero no pudo evitar descubrir los paquetes de droga en su interior, apenas disimulados, y también y curiosamente, una fotocopia del DNI y una agenda personal del senador José Mayans. El caso, desde luego, jamás se relacionó con el senador clave del cristinismo en el Congreso.

El secretario privado del diputado José Barrios fue detenido junto al sobrino de la concejal kirchnerista Blanca Denis; juntos transportaban una bolsa de cocaína en el auto de… la señora Denis. También está en libertad.

Otro caso resonante fue cuando siete personas quedaron detenidas en un operativo antidroga en la que se decomisaron 2.543 kilogramos de marihuana disimulados  dentro de un camión de carga de zapallitos en la provincia de Formosa. La dueña del camión era la sobrina del gobernador Insfrán pero el hombre salió a desmarcarse inmediatamente mandando el caso a la mismísima “independencia de la justicia”.

El gobierno de Insfrán termina de consolidar su sesgo autoritario gracias al estado policial que mantiene vivo con un ejército de alcahuetes oficiosos y una policía sin chapa que vigila que nada altere la paz en el feudo. Móviles sin identificación recorren día y noche las zonas y las visitas de “extraños” a la provincia, como cuando llega algún periodista o alguien representando a los escasos organismos de derechos humanos que no pudieron ser cooptados por el kirchnerismo. La oposición, los periodistas independientes y sobre todo una emergente juventud que se queja en las redes sociales son los que siempre están en la mira. Y desde luego, las comunidades indígenas: los wichi, los pilagá y los qom. En el caso de estas comunidades, sometidas a las peores condiciones de vida posibles, sin agua potable, la pelea se da por la ocupación del espacio que reclaman los aborígenes para sus clanes y la necesidad de los escasos emprendimientos productivos de la provincia de expandirse sobre esas tierras. Se trata de un modelo económico extractivo que pone especialmente en el monocultivo de soja, la tala de árboles y la producción de agrocombustible su mayor empeño empresario. Por eso el régimen no escucha sus reclamos.

La tasa de mortalidad infantil formoseña es la más alta de la Argentina: 21,2 muertes cada mil nacidos vivos en datos de 2011, pero el indicador varía, crece, si se toma una muestra en las comunidades aborígenes. La mortalidad más alta es la de los wichis, y en menor medida pero por encima del promedio nacional, se verifica entre las comunidades de los qom y los pilagá. En estas concentraciones, según la Encuesta Materno Infantil de Pueblos Originarios del Plan Nacer de 2010 (últimos datos oficiales disponibles), el 81,3 por ciento de las madres de menores de seis años asegura que sus hijos ingieren solo una comida diaria. Para qué abundar con más datos.

El asunto es que a fines de diciembre la sociedad de Formosa comenzó a levantar temperatura. Y no necesariamente por el verano. Es que ante la perspectiva de un rebrote o quizá de una segunda ola, las autoridades sanitarias de Insfrán resolvieron monitorear más de cerca a su población, ya sin la “ventaja” estratégica para ellos de frenar los traslados de la gente de un lugar a otro. El régimen tuvo que aflojar debido a la orden emitida por la Suprema Corte de la Nación instando al gobernador a levantar las barreras tan antinaturales en las propias fronteras. Fue cuando, nuevo protocolo de por medio, miles de varados comenzaron a llegar a sus casas.

La gran mayoría de los formoseños dependen de los “trabajos” que les da Insfrán.

Pero el empeño del gobierno para controlar la situación y evitar el objetivo central de que el sistema sanitario estalle, llevó a poblar el centro de aislamiento montado en el estadio Cincuentenario con casos de lo más diversos. Hisopados positivos empezaron a convivir con sospechosos que en algunos casos eran arrancados -familias enteras- de sus casas por la noche, y que tras cinco hisopados negativos consecutivos no contaban  con la libertad de volver a sus casas. De tal manera, negativos y positivos se vieron obligados a convivir compartiendo patios y baños.

Una mujer embarazada ya había perdido a su bebé en circunstancias similares a las descriptas, en octubre un hombre había perdido su vida al cruzar a nado el rio Bermejo con el afán de poder ver a su hija…

La caldera explotó cuando el régimen detuvo a dos concejalas, Gabriela Nemes (PJ disidente) y Cecilia Ruiz Díaz (UCR) que denunciaban a voz en cuello el desmadre. Que llamaron violación de los derechos humanos y violencia institucional a la situación por la que atravesaba la provincia.

La oposición pidió la intervención de Formosa y el oficialismo, desde el Partido Justicialista, salió a avalar la política sanitaria de Insfrán y a negar malos tratos y excesos responsabilizando a la oposición y a los medios críticos por la “campaña montada y el oportunismo”.

La oposición, entonces, denunció los hechos ante organismos internacionales y ante Amnistía Internacional, y también lo hizo el Club Político encabezado por la defensora de derechos humanos Graciela Fernández Meijide, que condenó al “Insfranato”.

Antes de que las cosas llegaran a un punto de no retorno, aún cuando ya el presidente Fernández había garantizado que no echaría mano del remedio federal, Gildo invitó al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, a comprobar in situ la verdadera situación.

Rápidamente, el gobierno de Insfrán dio salida a casi 300 internados en aislamiento, solo quedaban 17 en el Cincuentenario cuando el secretario desembarcó en la provincia.

La falta de objetividad de Pietragalla se podía inferir desde el vamos. Pietragalla ganó notoriedad en el gobierno cuando encabezó desde su secretaría un lobby para liberar a presos de la corrupción K, como Ricardo Jaime, o Martín Báez, hijo del contratista mayor el Estado desde que asumió Néstor Kirchner, Lázaro Báez.

El secretario concluyó que decir que existían centros clandestinos de aislamiento, como alguno desde la oposición sostuvo, era “un chiste”, que la comida era buena, la higiene del Cincuentenario también, que había aire acondicionado, que no existía hacinamiento. Aunque admitió violencia institucional por parte de la policía de Insfrán, sobre todo en el caso de 16 miembros de la comunidad wichi que fueron deportados del este de la provincia a Las Lomitas para garantizar su aislamiento.

Como no podía ser de otra manera, el secretario de Estado le bajó el precio a las denuncias formuladas, las desacreditó y hasta ridiculizó.

Quizá convenga leer la respuesta de Amnistía Internacional: “Por su naturaleza involuntaria y los mecanismos a través de los cuales se ha implementado, la cuarentena compulsiva e indiscriminada ha constituido una privación de la libertad de facto en condiciones insalubres por tiempo indeterminado y de manera arbitraria”, dice en una carta dirigida a Pietragalla. Y continúa: ” (…) una política sanitaria nunca es exitosa si implica el avasallamiento de los derechos humanos. La vulneración de derechos no puede ser una alternativa en un país respetuoso de sus compromisos internacionales. El cumplimiento de los derechos humanos no es un obstáculo para combatir al COVID-19 sino, por el contrario, es el marco que asigna legitimidad, legalidad y eficacia a las acciones de Gobierno”.

Por ello, Amnistía Internacional le exige a la secretaría de Pietragalla “una respuesta a la altura de las denuncias recibidas” y considera que, si bien “no puede asimilarse la situación de Formosa con los crímenes de lesa humanidad ni con la existencia de centros clandestinos de detención”, el contexto actual “exige poner a las personas en el centro de la protección y defensa de sus derechos humanos”.

O sea que, dicho en otros términos, la pandemia da derechos. Aunque sea en Formosa.

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